La reciente reforma de la legislación española reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, y obliga al Estado a adoptar medidas para proporcionar los apoyos necesarios que la hagan efectiva.

Este cambio implica pasar de un modelo de atención en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones a otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona, que será la encargada de tomar sus propias decisiones. Figuras como la antigua tutela o curatela, que amparaban la modificación de la capacidad, quedan derogadas en favor de nuevas formas de apoyo que pueden ser voluntarias o decididas judicialmente, pero siempre basadas en el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona afectada.

El nuevo paradigma va acompañado de incertidumbres y contradicciones, en la medida que se modifican los derechos de las personas, y deberá ir acompañado de un cambio en la consideración social de la discapacidad, todavía repleta de rasgos paternalistas.

Esta publicación propone una reflexión atenta sobre el estado actual de este cambio y los retos que plantea.