En el ámbito sanitario, los profesionales toman decisiones con implicaciones éticas de manera cotidiana. Sin embargo, mientras que para resolver un problema clínico se considera imprescindible disponer de conocimientos y competencias específicas, no siempre sucede lo mismo cuando nos enfrentamos a un conflicto ético. Con frecuencia se recurre al sentido común como si fuera suficiente para garantizar que una decisión sea correcta.

Sin embargo, difícilmente aceptaríamos que para resolver un problema diagnóstico complejo o establecer una estrategia terapéutica bastara con recurrir al sentido común. Exigimos conocimientos, experiencia y capacidad para interpretar la información disponible. ¿Por qué, entonces, cuando nos enfrentamos a decisiones con implicaciones éticas, tendemos a considerar que estas competencias pueden adquirirse de manera espontánea?

Todos tenemos convicciones morales y somos capaces de emitir juicios sobre lo que consideramos correcto o incorrecto. Pero disponer de una opinión moral no equivale a saber realizar un análisis ético. Del mismo modo que la intuición clínica no sustituye al razonamiento diagnóstico, el sentido común no puede reemplazar la argumentación y la deliberación cuando entran en juego diferentes nociones de vida buena.

El sentido común en la práctica clínica

El sentido común no es tan universal como su denominación parece sugerir. Lo que para una persona resulta evidente puede ser cuestionable para otra. Nuestras intuiciones morales están condicionadas por la educación, las experiencias personales, las creencias y el entorno cultural, pero también por la cultura profesional en la que desarrollamos nuestra actividad.

La historia de la medicina ofrece numerosos ejemplos. Durante décadas se consideró adecuado ocultar determinados diagnósticos o pronósticos desfavorables para evitar sufrimientos considerados innecesarios a los pacientes. Desde una perspectiva paternalista, parecía una decisión sensata, incluso compasiva. Sin embargo, aquella práctica suponía privar a las personas de información relevante para tomar decisiones sobre su propia vida. Lo que entonces podía parecer de sentido común hoy resulta difícilmente defendible como norma general desde el respeto a la autonomía.

No se trata de afirmar que el sentido común carezca de valor. Puede ayudarnos a reconocer situaciones problemáticas y orientar una primera respuesta. La experiencia clínica también podría permitir desarrollar una sensibilidad particular para identificar conflictos que podrían pasar inadvertidos. Pero ni la intuición ni la experiencia garantizan por sí solas que nuestras decisiones estén éticamente justificadas.

Pensemos, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad avanzada para el que se plantea una nueva intervención terapéutica de beneficio incierto. Un profesional puede considerar que lo razonable es evitar procedimientos que prolonguen el sufrimiento, mientras que otro puede entender que deben agotarse las posibilidades de tratamiento. Ambos podrían apelar al sentido común para defender posiciones diferentes.

El problema no se resuelve determinando cuál de los dos profesionales tiene mejores intenciones. Es necesario analizar la situación clínica, valorar los beneficios y las cargas de las alternativas, conocer las preferencias del paciente e identificar los valores que entran en conflicto. Y, sobre todo, ser capaces de explicar por qué una determinada actuación resulta más justificable que las demás.

La importancia de la formación ética

Aquí es donde la formación ética adquiere una importancia fundamental. La ética clínica no consiste únicamente en conocer los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Estos conocimientos son necesarios, pero insuficientes si no se acompañan de la capacidad para construir argumentos, examinar críticamente nuestras propias convicciones y considerar perspectivas diferentes.

Aprender ética supone distinguir los hechos de los valores, reconocer cuándo existe una problemática ética y evitar que nuestras preferencias personales se conviertan en el criterio que determine una decisión. La deliberación constituye una herramienta especialmente valiosa para afrontar esta complejidad. Deliberar no significa intercambiar opiniones hasta alcanzar un consenso, ni buscar una solución intermedia que satisfaga parcialmente a todos. Implica analizar los hechos, identificar los valores implicados, explorar los cursos de acción posibles y valorar sus consecuencias antes de adoptar una decisión fundamentada, asumiendo que puede haber más de una respuesta válida dependiendo del contexto. Estas habilidades no se adquieren necesariamente con los años de ejercicio profesional. Como ya hemos dicho, la experiencia puede mejorar nuestra capacidad para reconocer situaciones complejas, pero también puede consolidar hábitos de pensamiento, prejuicios o respuestas automáticas. Haber afrontado muchas veces un mismo tipo de conflicto no significa necesariamente haber aprendido a deliberar sobre él. La formación ética permite introducir una distancia crítica respecto a nuestras intuiciones. Nos enseña a preguntarnos no solo qué haríamos ante una determinada situación, sino por qué lo haríamos, qué argumentos sostienen nuestra posición y qué razones podrían llevarnos a reconsiderarla.

En este sentido, la formación ética no debería entenderse como un conocimiento reservado a quienes integran los comités de ética asistencial o muestran un interés particular por la bioética. Constituye una competencia transversal de los profesionales sanitarios. Los conflictos relacionados con la información, el consentimiento, la adecuación de los tratamientos, la confidencialidad o el respeto a las preferencias de los pacientes forman parte de la práctica cotidiana.

Sin embargo, mientras que la actualización de los conocimientos científicos y las habilidades técnicas se considera una exigencia inherente al ejercicio profesional, la capacidad para abordar problemas éticos continúa dándose, en ocasiones, por supuesta. No basta con incorporar contenidos de bioética a los programas formativos. Es necesario crear espacios en los que los profesionales puedan analizar situaciones reales, contrastar argumentos y ejercitar la deliberación. 

Claro está que la formación no garantiza que todas las decisiones sean acertadas ni elimina la incertidumbre que caracteriza a muchos conflictos éticos. Su valor reside en permitirnos afrontar esa incertidumbre de manera razonada, reconociendo la complejidad de las situaciones y la legitimidad de diferentes perspectivas.

Quizá uno de los mayores riesgos de apelar al sentido común sea que la expresión puede dar por concluida una discusión que apenas ha comenzado. Cuando una decisión se presenta como evidente, resulta más difícil cuestionarla. Y cuando discrepamos de aquello que alguien considera de sentido común, nuestras objeciones pueden interpretarse como una falta de sensatez, en lugar de como argumentos que merecen ser examinados. La ética exige justamente lo contrario: estar dispuestos a dar razones, a escuchar las de los demás y a reconocer que nuestras primeras impresiones pueden ser insuficientes. 

El sentido común tiene su lugar en la práctica clínica, pero no puede constituir el único fundamento de las decisiones con implicaciones éticas. Como sucede con cualquier otra competencia profesional, aprender a identificar los problemas, argumentar y deliberar requiere formación y ejercicio. Al fin y al cabo, tener una opinión sobre lo que está bien no es lo mismo que saber justificar por qué una decisión es éticamente adecuada.

Alejandra Fernández Trujillo, doctora en Medicina, especialista en Medicina Intensiva.

Aïda Palacios Morales, doctora en Filosofía, profesora asociada de la Universitat Autònoma de Barcelona.