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No hay duda de que las personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual están aún hoy sometidas a una fuerte discriminación en todo el mundo, diversa en función del grado de desarrollo democrático y social del país. A pesar de los avances realizados en muchos países, los prejuicios, la violencia, la exclusión social y la segregación, los abusos en los tratamientos o los atentados a su capacidad de decidir, son frecuentes. El “Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las Personas con Trastornos Mentales”, que emite anualmente la Confederación Salud Mental España suele ser un buen diagnóstico del estado de la cuestión en nuestro país.

Discriminación persistente

En nuestro entorno, la atención a la salud mental y también la importancia que a ella le concede la opinión pública han mejorado ostensiblemente, pero sus limitaciones e insuficiencias son también cada vez más evidentes. Aunque parezca que hoy ya puede hablarse libremente y sin prejuicios de la salud mental, la realidad es que el estigma asociado a sufrir un trastorno mental y la discriminación que provoca todavía están muy presentes en muchos ámbitos de la vida social.

El estigma es la atribución de cualidades negativas o despectivas hacia un grupo de personas por el hecho de tener un trastorno mental o una condición de salud como la discapacidad intelectual o el autismo. Se señala al “diferente” a base de prejuicios, desinformación y falsas informaciones.

El auto estigma

La mayor parte de las personas que sufren problemas de cierta gravedad, tienden a su ocultación para evitar el estigma que producen. El auto estigma es un sentimiento de vergüenza o de culpa producido por el temor a denotar la "marca" del trastorno mental y el rechazo que produciría en los otros. El estigma se asocia con miedo y repudio hacia las personas que sufren alguna condición psiquiátrica, dificulta la demanda de ayuda y comporta la pérdida de oportunidades laborales, educacionales, económicas y, frecuentemente, la privación de la atención sanitaria y social necesarias. Se trata de un marco psicosocial extraordinariamente tóxico, ya que aumenta el aislamiento de la persona, empeora los síntomas y acelera el proceso hacia la discapacidad. 

Existe una cierta gradación de la tolerancia social de las enfermedades mentales, aceptándose mejor los problemas más frecuentes como la depresión o la ansiedad, y menos los trastornos más graves asociados al imaginario secular de la locura -como la esquizofrenia o el trastorno bipolar- o al prejuicio de su capacidad de “contagio”, como es el caso del consumo de drogas ilegales. 

Discriminación en la atención

La estigmatización de las personas con un trastorno mental afecta también a los profesionales, a los propios servicios de atención social, a los servicios de salud y a los recursos comunitarios que con frecuencia se muestran poco dispuestos a introducir mínimas adaptaciones para incluir a las personas más afectadas. Según la Asociación “Obertament” en un estudio realizado en 2016 por Spora Sinergies y la Universitat Autònoma de Barcelona, un 80% de las personas con un trastorno mental habían sufrido discriminación en algún ámbito de la vida, y hasta un 55% de manera bastante o muy frecuentemente. En el ámbito laboral, donde la tasa de paro entre las personas con un trastorno mental es de más del 60%, el estigma es especialmente grave, pero también se da en las escuelas (19%) y hasta en los hospitales (26%) y en los servicios de salud mental (40%).

El proyecto Quality Rights de la OMS está enfocado a ayudar a los países para conseguir la mejora del respeto a los derechos humanos en los servicios de salud mental. Considera que, para ello, los países deben ratificar la Convención de Nova York y adecuar la legislación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas afectadas, implantar estrategias que ayuden a cambiar actitudes y mejorar la sensibilización de la sociedad, mejorar las prácticas relativas a los tratamientos involuntarios,  facilitar la participación de los pacientes en la planificación, orientar los servicios a la comunidad e  incrementar los recursos para la salud mental. 

Los gobiernos tienen la obligación de promover los derechos de las personas con trastornos mentales y velar por su cumplimiento, de acuerdo con las disposiciones internacionales más relevantes, muchas de ellas de carácter formalmente obligatorio. Para eliminar las barreras psicológicas y sociales que obstaculizan el tratamiento y la integración social de estas personas, es necesaria la implicación de afectados, familiares y personas referentes de la comunidad. El papel de los medios de comunicación es esencial.

Por otra parte, la cada vez mayor participación pública de las personas que han pasado por la experiencia del trastorno mental, conscientes de sus derechos, reclaman con justicia una actitud más radical de respeto a sus derechos como ciudadanos. Y piden cambios legislativos, nuevas regulaciones y, sobre todo, cambios en las prácticas institucionales y profesionales.

Extracto del artículo de Josep Ramos publicado en el cuaderno “Salud mental y sociedad: ¿una nueva pandemia?”

Josep Ramos, médico psiquiatra. Vocal del Comité de Bioètica de Catalunya.