El fenómeno migratorio presenta problemas complejos para un Estado de derecho. Es necesario subrayar el compromiso de salvaguardar la salud de la población inmigrante y refugiada, incluyendo el acceso a prestaciones sanitarias basado en el principio de universalidad. En España, el Real Decreto-ley 7/2018 reincorporó el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) como derecho primordial, pero su formulación ha sido criticada por dejar obstáculos que impiden el acceso igualitario.

Las personas inmigrantes también pueden ser portadoras de enfermedades contagiosas, cuyo diagnóstico precoz prevendría el riesgo de emergencia epidemiológica. Esto requiere controles sanitarios que implican el tratamiento de datos personales sensibles, según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este trabajo busca proporcionar guías para equilibrar los derechos de las personas implicadas con la protección de la salud pública.

El proyecto pretende encontrar un equilibrio entre los derechos de las poblaciones migrantes y la defensa de la salud pública, adoptando principios ético-jurídicos para el tratamiento responsable de la información. También busca sensibilizar al personal y establecer límites para el uso de los datos de salud, reforzando el conocimiento de la población inmigrante sobre la protección de datos.